Ley sobre Fertilización asistida

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 Durante los primeros días del mes de diciembre, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de cobertura de los tratamientos de fertilización asistida. 

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial fue aprobado en primera instancia en Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Dispone la cobertura para los afiliados en el Instituto de Obra Médico Asistencial, así como la atención y el tratamiento en Hospitales públicos para personas que no tengan cobertura de salud, y propicia los convenios con las demás obras sociales y el gobierno provincial para garantizar el acceso al tratamiento de fertilización asistida.

La cobertura implica la gratuidad del tratamiento que actualmente en Argentina tiene un costo que puede alcanzar hasta los $25.000, de acuerdo con la complejidad y el tipo de tratamiento que se realice. Para los que tienen cobertura de salud, se dispone además la creación de cuatro centros médicos en distintas partes de la provincia que brinden el servicio.

Los tratamientos de fertilización y fecundación in vitro son técnicas que ofrecen una solución para personas que no pueden concebir hijos de forma natural. En este caso, la técnica implica una acción sobre el organismo, y por otro lado pone en juego las esperanzas de las personas involucradas.

La iniciativa de la ley, parte de la base de considerar a la infertilidad como una enfermedad. Últimamente, diversas problemáticas que afectan la salud del ser humano pugnan por ser consideradas en leyes y que a través de ellas se reglamente y se estipule tratamiento y cobertura de parte de las obras sociales.

Además del caso de la fertilización asistida, están los renombrados ejemplos de la ley de obesidad, inclusive impulsada desde un programa de televisión, y la ley celíaca, para la cual solicitaba el apoyo de la sociedad mediante las firmas de quienes estaban de acuerdo con la sanción de la ley.

La ley de fertilización asistida representa un avance en lo referente a políticas de estado que conciernen a la salud y el bienestar de la sociedad. La cuestión científica y tecnológica avanza, y para ello son necesarias normativas y acciones que regulen las prácticas que modifican la calidad de vida del ser humano, y que por lo tanto, consideren ante todo el bienestar de las personas. Por otra parte, representa un paso adelante en la igualdad y la posibilidad del acceso a la procreación responsable.