Por un aborto legal

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La idea del aborto legal, seguro y gratuito ya no se limita a una expresión de deseo sino que tiene su propio proyecto en el Congreso de la Nación. La iniciativa fue firmada por 33 diputados nacionales de diferentes bloques. Sin embargo, se espera un intenso debate a causa de la falta de acuerdo dentro de cada bloque partidario.

El proyecto de ley, había sido presentado originariamente en el año 2007, pero perdió estado parlamentario el 1 de marzo de 2009 por no contar con el apoyo, que aparentemente ahora se logró.

Actualmente el aborto sólo está permitido para “evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer  o si el embarazo proviene de una violación de una mujer idiota o demente”.  Los permisos están contemplados en el artículo 86 del código penal.

El nuevo proyecto, que cuenta con un amplio respaldo de diputados desde el oficialismo a la oposición (con excepción de los diputados del partido Pro y del peronismo disidente), establece “el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. Fuera de este plazo, estaría permitido sólo en casos de violación o cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves.

Dicho proyecto hace hincapié en los servicios de salud del sistema público, para garantizar el acceso gratuito al aborto, al igual que los sistemas de seguridad social de salud y de los sistemas privados.

De este modo, se plantea la despenalización del hecho que involucra no sólo a las mujeres, sino también a los profesionales.  

La consecuencia de los abortos inseguros –en Argentina, cerca de medio millón clandestinos por año-  a las que se ven obligadas las mujeres de los sectores más desprotegidos de la sociedad, es la principal causa de mortalidad materna en el país desde hace más de veinte años.

Su legalización es una de las pocas leyes, que con su sola aprobación, salva vidas; pero por el momento, nuestro país forma parte de las naciones que tienen estatutos restrictivos al respecto, a diferencia de la mayoría de los países del mundo. Ley que además fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

En Argentina, incluso en los casos de abortos no punibles, existen serias dificultades para su realización. El caso de AG, ocurrido recientemente en Comodoro Rivadavia, Chubut es un claro ejemplo de ello. La adolescente violada por su padrastro obtuvo el permiso. Sin embargo, el trámite demoró dos meses hasta encontrar la aprobación del Tribunal Superior de Justicia provisional, a pesar de ser permitido en casos de violaciones. Así y todo, a la familia le resultó difícil encontrar un hospital público dispuesto a acatar la ley.

Eduardo Sambrizzi, Vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, comentó por su parte a Clarín, que se debe al temor de ser acusados, “de haber practicado un aborto no contemplado como punible, por cuanto la interpretación del artículo 86 no es unánime”. Toda la jurisprudencia se basa en la interpretación amplia.

En el proyecto de ley, se establece que los profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia para esas intervenciones, deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley, y quienes ingresen luego, al momento de iniciar sus actividades en el centro de salud.

Esta Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que está conformada por más de 250 agrupaciones, sostienen el lema “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. 

Es fundamental modificar el Código Penal que lo tipifica como delito, sobretodo, teniendo en cuenta que la penalización no evitó ni la prevención del embarazo, ni que los abortos se sigan realizando.

La legitimación del aborto, no obliga a ninguna mujer a practicarlo. Todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones; de igual forma, las que sí, podrán actuar en libertad, sin amenazas ni coerción.

La penalización de las mujeres que optan por realizárselo, no reduce el número de intervenciones, en cambio, provoca más muertes, facilitando a su vez, un mercado clandestino de abortos peligrosos.